Presentan querella contra Blas Peralta por asesinato de exrector Febrillet

SANTO DOMINGO (D.N).-Los familiares del asesinado exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Mateo Aquino Febrillet depositaron ante la Fiscalía del Distrito Nacional otra querella con constitución en parte civil contra Blas Peralta Peralta, presidente de la Federación Nacional de Transporte (Fenatrado), y los demás imputados en el crimen.

La querella fue interpuesta por los abogados Danilo Lapaix, César Amadeo Peralta y José Andrés Alcántara, en representación de Jessica Damaris Aquino Lapaix, hija del exrector.

En la querella se acusa al empresario del transporte Blas Peralta, así como a los coimputados Rafael Herrera Peña, Geraldo Félix Bautista Mena y Franklin Alejandro Venegas Rivas, de cometer los delitos de “asesinato, coautoría y ocultamiento de evidencias graves”, en violación de los artículos 59, 60, 248, 295, 296, 297, 302 del Código Penal Dominicano.

Los abogados refieren que con la participación de cada uno de los imputados se pudo materializar el crimen, “ya que si uno de los cuatro actores principales dejare de hacer la función que tuvieron en la consecución  del asesinato, este no hubiese sucedido ya que Mateo Aquino Febrillet y su chofer, hicieron todo lo humanamente posible por evitar ese desenlace”.

Recordaron que Aquino Febrillet, quien buscaba la senaduría por la provincia San Cristóbal, intentó refugiarse en las inmediaciones de la residencia presidencial de Danilo Medina y luego en el destacamento de la Policía Nacional.

Plantearon que el exrector de la UASD y su chofer no pudieron refugiarse debido a que se lo impidieron “la agilidad y experiencia del chofer que conducía el vehículo donde Blas Peralta intentaba darle muerte a Eduard Montas Lorenzo y que terminó ocasionándole heridas a la asistente, al chofer y asesinando a Mateo Aquino Febrillet”.

Los abogados sostienen “es de público conocimiento, el hecho de que Blas Peralta y compartes hicieron todo lo necesario para que pueda ser consumado ese asesinato y luego trataron de borrar y eliminar los elementos de prueba, como cambiar el cañón del arma homicida, botar los celulares, esconderse y mentir de manera pública ante diversos medios de comunicación, ante la Policía Nacional, al Ministerio Público y al propio juez que conocía la medida de coerción”.

Adelantaron que, una vez demostrados los hechos en un tribunal, pedirán que a los imputados se le impongan  “el máximo de la pena para los asesinatos que es de 30 años de reclusión para todos y cada uno”.