Investigación del Intec advierte ineficacia en la administración de áreas protegidas

SANTO DOMINGO (RD).-El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de República Dominicana opera de forma ineficaz por la carencia de asignación presupuestaria, de planes de manejo y de estructuras administrativas, según una investigación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

La investigación “¿Cuál es el valor de los ecosistemas protegidos de la República Dominicana?”, realizado por el Intec con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Medio Ambiente, estuvo a cargo del doctor Víctor Gómez-Valenzuela.

También, de la economista ambiental Solhanlle Bonilla y del especialista en políticas públicas de medio ambiente Francisco Alpízar, señala además la problemática de ordenamiento territorial en los entornos de las áreas protegidas como otra de las limitantes que afectan su administración, por la superposición de actividades económicas y uso de suelos, que afecta a los ecosistemas.

“La cantidad de unidades de conservación que existen no pueden ser manejadas de forma efectiva, en parte por las serias limitaciones presupuestarias, pero sobre todo por el enfoque de manejo prevaleciente, anclado en una perspectiva de gasto mínimo en la que los bienes y servicios ecosistémicos se asumen como insumos de coste cero”, dice.

“De hecho, del total de unidades de conservación solo el 21 % cuenta con planes de manejo y alrededor del 50 % carece de estructuras administrativas”, añade.

Existen unas 123 áreas conservación cuya superficie representa el 25.7 % del territorio nacional.

La región con mayor porcentaje de áreas protegidas es la Enriquillo, con una superficie protegida equivalente al 50.86 % de su territorio, y una densidad demográfica de 55.3 habitantes por kilómetro cuadrado.

Al mismo tiempo, es una de las regiones con mayor nivel de pobreza del país. En contraste con la región Enriquillo, la Ozama, que incluye al Gran Santo Domingo, tiene la menor proporción de áreas protegidas, con poco más de un 3 %, pero una densidad de 2,400.5 habitantes por kilómetro cuadrado.

Los investigadores plantean que, desde el punto de vista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) debe ser utilizado como un instrumento para promover su alcance.

Destacan que las funciones de conservación, ordenamiento y desarrollo que cumplen las áreas protegidas manejadas en términos óptimos, generan oportunidades de inclusión y desarrollo local como el turismo sostenible, así como el mantenimiento de la provisión de agua, tanto para uso consuntivo como no-consuntivo, reducción de la vulnerabilidad ante desastres naturales y servicios ecosistémicos como la asimilación de desechos y tratamiento de la contaminación.

Hacia la sostenibilidad

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Con la presentación de la investigación, que se realizó en el Salón de Eventos del Edificio de Ciencias de la Salud del Intec, se dio a conocer el plan “Hacia la sostenibilidad financiera del sistema nacional de áreas protegidas de la República Dominicana”, una herramienta de planificación concebida para apoyar la gestión sostenible de los ecosistemas protegidos del SINAP.

La ceremonia estuvo encabezada por el rector del Intec, Rolando M. Guzmán; la representante residente adjunta del PNUD, Luciana Mermet; el director general de Programas Especiales de la Presidencia, Domingo Contreras; el coordinador del Programa de Reingeniería del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Jonathan Delance; el biólogo e investigador Sixto Incháustegui y Víctor Gómez Valenzuela, vicerrector de Investigación y Vinculación del Intec y autor principal de la investigación.

El rector del Intec destacó la importancia de las investigaciones por la necesidad urgente que tiene el país de identificar mecanismos para asegurar la sostenibilidad medioambiental.

Mientras, la representante residente adjunta del PNUD valoró al Intec como un aliado estratégico en las iniciativas orientadas hacia el desarrollo de conocimiento en materia de medioambiental.

A juicio de Incháustegui, las obras presentadas son la “punta de lanza” para seguir trabajando en la dirección de establecer el costo de los servicios ecosistémicos, de manera que esos recursos puedan reinvertirse en su conservación.

Gómez-Valenzuela destacó que se trata de una investigación sin precedentes en el país, por lo que el equipo investigador encontró retos importantes como la falta información relevante.